Los contornos de la propiedad intelectual que delimita el Tribunal Supremo en la “Sentencia Megakini”

19 mayo 2014

Sentencia Megakini resuelve la adecuación a la LPI: reproducción no autorizada de páginas web que Google realiza como complemento a su tarea de búsqueda.

19 mayo 2014

Ahora que los derechos de autor acaparan tantos titulares y polémicas, nos llama la atención la nueva tendencia que (aún careciendo de rango jurisprudencial) marca nuestro Tribunal Supremo con la Sentencia dictada en 3 de abril de 2012 bajo el caso Megakini (en adelante Sentencia Megakini).

A su vez actualmente se última el Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, según publicó el Boletín Oficial de las Cortes Generales en 21 de febrero de 2014 (en adelante Proyecto de Ley).

Tradicionalmente nuestra Ley de Propiedad Intelectual, LPI, ha configurado el derecho exclusivo de los autores partiendo de un catálogo de derechos patrimoniales –arts. 2, 17, 18, 19, 20 y 21- acotado por un sistema cerrado de excepciones –arts. 31 a 39- que fijan en qué casos el objeto del derecho de autor se puede usar libre y legítimamente, sin perjuicio de su eventual remuneración en supuestos como la “copia privada” -arts. 25 y 31.2- o el préstamo público en determinadas instituciones -art. 37.2.

A título representativo, no se requiere la autorización del autor para entablar actos de uso o reproducción de copias privadas “sin fines directa o indirectamente comerciales” o que tengan “una finalidad informativa, de creación de opinión pública o entretenimiento” o bien “para la ilustración con fines educativos y de investigación científica”, según regula el Proyecto de Ley a sus nuevos arts. 31 apartado 2 y 32 apartados 2, 3 y 4. En esencia, las excepciones que viene regulando expansivamente la LPI se anudan a la ausencia de ánimo lucrativo y la misión de interés público o cultural, en el seno de la libertad de expresión ya consagrada por la Constitución y su desarrollo tanto legal como jurisprudencial.

En este escenario, la Sentencia Megakini adopta un sistema abierto de excepciones que restringe los derechos de autor en función de su uso honrado o lícito, inspirándose en la figura anglosajona del “fair use” para acuñar un “ius usus inocui” en torno al abuso de derecho.

La tradición jurídica en UK y USA viene consagrando una autorización general de la obra para usos leales, que relaciona –más que límites- un elenco de circunstancias que indiciariamente permiten en cada caso sopesar si el uso es lícito.

En este sentido la Audiencia Provincial Sección 5ª de Zaragoza a su Sentencia de 2 de diciembre de 1998 recapitula que:

“Para determinar si el uso de una obra en un caso concreto es leal y, por consiguiente, constituye una excepción lícita al derecho de reproducción, es necesario tomar en consideración los cuatro factores (…):

  1. El destino y el carácter del uso y, principalmente, la naturaleza comercial de aquél o su destino a fines no lucrativos.
  2. La naturaleza de la obra protegida.
  3. El volumen y la importancia de la parte utilizada con relación al conjunto de la obra protegida.
  4. La influencia del uso sobre el mercado potencial de la obra protegida o sobre su valor.”

En cada caso el Juez debe sopesar tales factores, especialmente si el uso en cuestión merma el valor patrimonial o competencial de la obra. En esta materia el casuismo jurisprudencial, superando las contradicciones de Juzgados y Audiencias, pretende colmar las lagunas o las imprecisiones de una regulación legal que evoluciona a remolque de cuantos progresos tecnológicos (cada vez a mayor velocidad) potencian nuevas formas de utilización de las obras ni previstas ni permitidas por el catálogo de límites que establece la LPI.

En concreto, la sentencia Megakini resuelve la adecuación a la LPI de la reproducción no autorizada de páginas web que el buscador Google realiza en su servidores como complemento a su tarea de búsqueda e índice de páginas web (las llamadas “copias caché”) que los titulares de la web www.megakini.com plantearon como ilegítima al practicarse sin su permiso. Tales copias caché entrañan una reproducción completa de la web que se almacena en los propios servidores de Google, de forma que el usuario puede acceder a la información aunque la página no esté disponible en su servidor original.

A tal efecto la Sentencia Megakini se cimenta en el art. 40 bis LPI, aunque con finalidad heterogénea a la normativa internacional y europea que inspiró su transposición, a cuyo tenor los límites de la LPI “no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran”.

Pues bien, el Tribunal Supremo aplica dicho art. 40 bis LPI a la luz del “principio general del ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe (art. 7.1 CC), del principio asimismo general de la prohibición del abuso del derecho o del ejercicio antisocial del mismo (art. 7.2 CC) y de la configuración constitucional del derecho de propiedad como derecho limitado…”.

Aunque tal precepto nació para recortar límites según las circunstancias de cada caso, la Sentencia Megakini lo convierte en criterio sobre admisión de conductas inocuas en función del perjuicio económico para los titulares de los derechos de autor. Y consiguientemente nuestro Alto Tribunal analiza la concreta pretensión del autor para “comprobar si en verdad la reproducción puede causar algún perjuicio a sus intereses legítimos, por remoto o indirecto que sea este perjuicio, o bien atentar contra la explotación normal de su obra, o, por el contrario, favorecer a esos mismos intereses y a esa misma explotación normal”.

Bajo la premisa de que todo autor que divulga una obra por Internet concede su consentimiento implícito o tácito, en este caso el Tribunal Supremo (más allá del catálogo de límites que la LPI regula y el Proyecto de Ley pretende ampliar) concluye que la reproducción de los servidores de Google de la página web de la recurrente no causa perjuicio económico a su titular ni atenta a la explotación normal de la obra. Por supuesto este pronunciamiento debe contextualizarse en atención a la (desorbitada) demanda, que solicitó “se condenara a la actora a cesar en la utilización del motor de búsqueda de las páginas web, e indemnizar al actor 2.000 euros por daño moral y a publicar la sentencia en el diario La Vanguardia”, lo que el Tribunal Supremo –abundando en las sentencias de instancia, aunque altera su fundamentación jurídica- considera abusivo, máxime si no concurre perjuicio patrimonial para la parte demandante, proclamando:

“Antes bien, la pretensión de que se cierre el buscador de Google o de que se condene a esta demandada a pagar una indemnización por una actividad que beneficia al demandante, al facilitar en general el acceso a su página web y el conocimiento de su contenido, debe considerarse prohibida por el apartado 2 del art. 7 CC, como abuso del derecho de autor o ejercicio antisocial del mismo, por cuanto al amparo de la interpretación restrictiva de los límites al derecho de autor pretende perjudicar a Google sin obtener ningún beneficio propio, como no sea fama, notoriedad o la propia indemnización pedida en la demanda (…). Cuestión distinta, precisamente porque los tribunales aplican la Ley en litigios delimitados por las pretensiones por las partes, sería que el pedido en la demanda hubiera sido la eliminación de la copia caché de los fragmentos de la página web del demandante (en) los resultados de la búsqueda y la indemnización de los perjuicios causados por la falta de autorización previa del demandante a Google. Pero no ha sido así…”.

En conclusión, las restricciones al “ius prohibendi” de los titulares se deben sopesar caso a caso valorando si son inocuas y no causan perjuicio económico.

En todo caso, el actual marco legal y crecientemente jurisprudencial permite interesar la retirada del contenido infractor, así como la eventual indemnización de cualquier infracción de los derechos tanto económicos como morales de los autores. Eso sí, teniendo también presente que varias sentencias del Tribunal de Justicia de Unión Europea, fundadas en la libertad de expresión en Internet, intentan frenar la implantación de controles técnicos y preventivos a prestadores de servicios y redes sociales al socaire de evitar ilícitos de propiedad intelectual y protección de datos, sirviendo como elocuente botón de muestra las Sentencias de 24 de noviembre de 2011 bajo Asunto C-70/2010 (Scarlet Extenderd vs. Sabam) y 16 de febrero de 2012 bajo Asunto C-360/2010 (Sabam vs Netlog).
En definitiva, se tiende a descartar como uso de marca o derecho de autor cualquier acto carente de “efecto comercial”, entendido como la intención de entregar productos o prestar servicios ofrecidos a clientes.

BREXIT Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Garantizamos la protección y seguridad de las marcas y patentes afectadas por el Brexit.

Juan Casulá

Juan Casulá

Responsable del área de Contratación y Defensa de la Competencia. Abogado. Departamento Patentes.

Más en propiedad industrial e intelectual

Comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Responsable del tratamiento: HERRERO & ASOCIADOS, S.L.

Finalidad del tratamiento: Publicar su comentario sobre la noticia indicada.

Derechos de los interesados: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, mediante un escrito, acompañado de copia de documento que le identifique dirigiéndose al correo dpo@herrero.es.

Para más información visita nuestra Política de Privacidad.

*Los campos marcados con el asterisco son obligatorios. En caso de no cumplimentarlos no podremos contestar tu consulta.

No hay comentarios