27 febrero 2020
Son muchas las iniciativas frente a la piratería llevadas a cabo en América Latina en los últimos tiempos para proteger la Propiedad Industrial e Intelectual y los derechos de las marcas. En este artículo, repasaremos algunas de las más relevantes.
Tras la fuerte recesión de 2015 y 2016 que afectó a toda América Latina, la recuperación era una realidad hasta el 2019, año en el que el precio de las materias primas que exportan varios países de la región descendió, lo que llevó a países como Venezuela a ahondar en su hundimiento, a Argentina a contraerse y a otros, como México y Brasil, a estancarse.
Pese a que algunos indicadores económicos del 2019 son negativos, es cierto que algunos de estos están motivados, en gran parte, por la bajada del precio del petróleo y el gas y la incertidumbre provocada por la “tensión comercial” con Estados Unidos, además de por las duras medidas acometidas para sanear las cuentas y contener la inflación, con subidas de impuestos, devaluaciones y reducciones de gasto público. En 2020, sin embargo, salvo Argentina y Venezuela, se prevé que todos los países de la región crezcan. En cualquier caso, el peso de América Latina sigue representando un 5% de toda la economía mundial, con más de 600 millones de habitantes y un mercado de enorme importancia para cualquier empresa.
Brasil
Si bien la economía brasileña se ha contraído en el último lustro en 8 puntos, todas las previsiones esperan que vuelva a crecer un 2% en 2020, lo que no es poco en un país con un PIB nacional de más de 2 billones de USD. Las medidas que el gobierno brasileño ha empezado a acometer relativas a privatizaciones, bajadas de impuestos, reducción de deuda, apertura comercial y una importante reforma del sistema de pensiones, entre otras, dan espacio al optimismo.
Desde la creación en 2004 del Consejo Nacional de Combate contra la Piratería, han sido muchas las iniciativas regulatorias, policiales y sociales para luchar contra el tráfico de mercancías falsificadas. Además del CNCP, instituciones como el Senado, la Fiscalía General y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) se han implicado en esta guerra, tanto con iniciativas normativas como con medidas ejecutivas. Por citar un ejemplo, la Ley 6.759 de 2009 permite a las autoridades aduaneras brasileñas incautar mercancías ex officio, competencia no muy común en el continente.
Brasil se enfrenta a problemas de difícil solución como sus inabarcables fronteras e innumerables puertos de entrada, además de al hecho de que la crisis económica induce a miles de talleres nacionales clandestinos a fabricar productos falsificados; y a millones de brasileños a adquirirlos sin pudor. Regiones como Apucarana, Minas Gerais o la propia Sao Paulo son centros reputados de fabricación de toneladas de mercancías falsificadas.
Frente a esto, las opciones de los titulares de marcas son múltiples: empezando por registrar sus marcas en los ficheros de las autoridades aduaneras, pero también informando a las mismas de cargos de mercancías sospechosas que vayan a producirse, pasando por la colaboración con la fiscalía y la policía en cursos de formación, incautaciones, redadas y detenciones. El papel de los abogados en todo este entramado de acciones resulta indiscutiblemente fundamental.
México
Con casi 2 millones de km2 y más de 130 millones de habitantes, México es la segunda economía de América Latina y a nivel global, representa casi el 1.7% del PIB mundial.
La piratería en México alcanza unos niveles realmente escandalosos. El Gobierno Federal cifra las pérdidas para la economía regular en más de 2.500 millones de USD al año, alrededor del 1,25% del PIB nacional. Más de la mitad de la ropa, el calzado, la música, las películas, el tabaco y el hardware que se distribuyen en México es falsificado.
Dado que la mayor parte de los productos falsificados proviene del exterior (China, Brasil, etc.), la forma más eficiente de luchar contra la piratería offline es la intervención aduanera. Consciente de la creciente importancia de las aduanas en el control de las mercancías que entran, la Administración ha tomado una serie de medidas en los últimos años. La más importante de ellas es, sin duda, la creación de un Registro de marcas, similar al brasileño, que permite a las empresas informar con antelación a la red de oficinas aduaneras de la existencia de sus marcas, facilitando el trabajo a las autoridades. El hecho de que los funcionarios tengan la información “a priori” es de vital trascendencia, ya que les da mayor seguridad a la hora de incautar mercancías; les facilita datos de contacto de los titulares de las marcas infringidas y sus representantes legales. Una vez retenidos los productos, los titulares pueden decidir si solicitar intervención de la fiscalía (mediante una acción penal) o prefieren la vía administrativa ante el IMPI (mediante una acción de infracción que puede dar lugar, más tarde, a una acción judicial civil de indemnización por daños y perjuicios).
Argentina
Con una de las ratios de inflación más altas de toda la región y una deuda externa en USD cercana al 100% del PIB nacional, Argentina atraviesa un momento económico complicado. La inestabilidad política y la ineficacia de las tímidas medidas tomadas por Macri, unidas a los índices económicos, han provocado que Argentina haya entrado en recesión, si bien algunos expertos pronostican una recuperación a partir de 2021. Sin embargo, no hay que olvidar que Argentina, con 45 millones de habitantes, es la tercera economía de toda América Latina, lo que exige que las empresas con intención de ofrecer sus productos y servicios en ella aseguren una protección de sus derechos en este país.
Para esto, la Autoridad Aduanera Argentina ha implantado el Sistema de Asientos de Alerta que funciona como un registro de marcas y derechos de autor (lamentablemente, no incluye patentes ni diseños) con el cual los titulares legítimos pueden mantener informadas a las autoridades administrativas y policiales de los derechos marcarios y de copyright que estas pueden encontrarse en su labor de vigilancia.
Aunque la intervención de los titulares no es indispensable, ya que la Fiscalía puede iniciar acciones ex oficio -al contrario que en México- es cierto que la intervención de los afectados anima a las autoridades a ser agresivas, aumenta las probabilidades de éxito y ejerce una mayor presión sobre los infractores. Aunque un procedimiento civil es la vía judicial más eficaz para recuperar pérdidas, los requerimientos extra-judiciales son menos tediosos para los titulares de marcas y a menudo consiguen resultados satisfactorios en muy poco tiempo, consistentes casi siempre en la destrucción de las mercancías falsificadas.
Conclusiones
Es imprescindible registrar las marcas y derechos de autor que quieran hacerse valer en un futuro en cada una de las jurisdicciones de interés analizadas aquí. Una vez concedidos los derechos, siempre es muy recomendable registrarlos ante las autoridades aduaneras, con las que hay que intentar mantener una comunicación constante, fluida y proactiva. La representación por un abogado local de confianza es indispensable para poder reaccionar a tiempo a las incidencias que se produzcan.
Además de las distintas vías administrativas y judiciales para hacer valer los derechos de propiedad intelectual ante infractores, los requerimientos extrajudiciales previos son una herramienta eficaz y nada desdeñable.
Si desea recibir más información sobre esta cuestión y asuntos relacionados con la misma, puede establecer contacto con nosotros en el correo electrónico asaban@herrero.es
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