16 abril 2026
Cómo ha cambiado la lucha antipiratería en el ámbito penal de la propiedad industrial
Durante años, hablar de falsificaciones era hablar de mercadillos, bolsos imitativos y CDs pirateados. Hoy ese retrato se ha quedado corto. La piratería industrial se ha sofisticado, se ha digitalizado y se ha integrado en cadenas logísticas y comerciales cada vez más difíciles de rastrear. En paralelo, la respuesta pública también ha evolucionado: más coordinación internacional, más atención a intermediarios logísticos y digitales, más prevención, y una mirada penal cada vez menos centrada en el vendedor final y más en las estructuras organizadas que sostienen el negocio. La lucha antipiratería ya no consiste solo en decomisar copias, sino en entender sistemas criminales que se han adaptado a los tiempos.
La vieja imagen de la falsificación ya no basta
Durante mucho tiempo, la falsificación se percibió como una forma menor de ilícito económico: una infracción “de marca”, molesta para las empresas, pero periférica en términos penales. Ese enfoque, sin embargo, choca con la dimensión real del fenómeno. El informe Mapping Global Trade in Fakes 2025, elaborado por la OECD y la EUIPO con base en datos aduaneros de 2021, estima que el comercio mundial de productos falsificados alcanzó aproximadamente 467.000 millones de dólares, lo que equivale al 2,3% de las importaciones mundiales. En el caso de la Unión Europea, el valor estimado de las importaciones de falsificaciones fue de 117.000 millones de dólares, un 4,7% del total de las importaciones de la UE.
No estamos, por tanto, ante una economía marginal. Estamos ante un mercado ilícito de enorme escala que se aprovecha de la infraestructura del comercio global y de los puntos ciegos de la fiscalización pública. El mismo informe describe a la Unión Europea como un objetivo principal para las importaciones de productos falsificados y sitúa a China y Hong Kong (China) como las principales economías de procedencia por valor de las mercancías intervenidas; además, destaca la relevancia de Turquía en las rutas contemporáneas de distribución ilícita.
La conclusión es incómoda, pero necesaria: la falsificación ya no vive en los márgenes del mercado. Aprende a mezclarse con él.
Ya no se trata solo de “copias”: se trata de cadenas de suministro criminales
Uno de los cambios más profundos en la lucha antipiratería tiene que ver con el modo de operar. El problema ya no es únicamente la existencia de un producto falso. El problema es la red de producción, ensamblaje, etiquetado, transporte, comercialización y cobro que lo hace posible.
La OECD y la EUIPO advierten de varias tendencias convergentes. Por un lado, los falsificadores están explotando plataformas online, servicios logísticos e intermediarios comerciales para infiltrar mercancía ilícita en canales de apariencia legítima. Por otro, se detecta una estrategia creciente de “localización”: en lugar de enviar siempre el producto acabado desde un único origen lejano, algunas redes acercan parte de la producción, el ensamblaje o el empaquetado a los mercados de destino. Eso dificulta la detección y puede incluso sesgar las estadísticas de incautación en ciertas categorías.
Ese desplazamiento tiene consecuencias penales directas. Durante años, muchas investigaciones se articulaban de forma bastante lineal: importador, almacenista, distribuidor, vendedor. Hoy, en cambio, los roles se fragmentan. Quien fabrica puede no vender; quien vende puede no tocar nunca la mercancía; quien cobra puede operar desde otra jurisdicción; quien publicita puede hacerlo desde canales efímeros o perfiles anónimos; y quien facilita el tránsito puede limitarse a ofrecer infraestructura aparentemente neutral. La falsificación se parece cada vez más a una cadena de suministro criminal modular.
Del contenedor al pequeño paquete: el giro logístico
Si hubiera que elegir una imagen para describir la evolución reciente del fenómeno, ya no sería un contenedor lleno de mercancía falsa en un puerto, sino una lluvia constante de pequeños envíos.
El informe de la OECD y la EUIPO subraya que en 2020-2021 los servicios postales fueron el canal principal para transportar productos falsificados: casi el 60% de los artículos intervenidos llegó por correo. Por detrás quedaron la mensajería urgente y la carga aérea. El propio estudio vincula esa realidad a la capacidad de adaptación de los falsificadores, que aprovechan métodos convencionales de envío para distribuir mercancía ilícita de forma amplia y discreta.
Ese dato cambia por completo la conversación jurídica. El combate penal contra las falsificaciones ya no puede descansar solo en la lógica tradicional del gran decomiso. Hoy una parte muy importante del fenómeno se atomiza en envíos pequeños, de escaso valor individual, pero de enorme impacto agregado. Y ese modelo presenta varias ventajas para la red delictiva: reduce el riesgo por operación, multiplica la dispersión geográfica, complica la trazabilidad y desplaza parte de la carga de control a operadores postales, couriers, aduanas y plataformas que gestionan volúmenes masivos.
En este escenario, la Universal Postal Union (UPU) ha lanzado un portal sobre illicit goods concebido como un espacio que reúne campañas, recursos y herramientas procedentes de la propia UPU y de otros socios para favorecer una aproximación coordinada frente al comercio ilícito. La lógica del portal es clara: si las redes criminales usan el sistema postal y los circuitos logísticos ordinarios, la respuesta necesita sumar precisamente a esos intermediarios y dotarlos de mejores recursos y de una cultura compartida de prevención.
La consecuencia penal de todo esto es muy concreta: la prueba de cargo ya no se juega solo en el producto intervenido, sino en la reconstrucción del circuito (origen, plataforma, trazabilidad del pago, dominio o cuenta utilizada, dirección de entrega, repetición de patrones, conexiones entre envíos y, cuando sea posible, identificación de los beneficiarios reales). La falsificación se investiga cada vez más como un fenómeno híbrido entre delincuencia económica, logística opaca y criminalidad digital.
El producto falsificado ya no es solo el bolso: también es el riesgo
Otra transformación decisiva tiene que ver con la naturaleza de los bienes afectados. La falsificación sigue golpeando con fuerza a categorías clásicas como juguetes, ropa, calzado y accesorios, pero el mapa es mucho más amplio. El estudio de 2025 recuerda que el comercio de falsificaciones afecta a decenas de categorías y alerta expresamente sobre bienes peligrosos, entre ellos piezas de automoción y productos farmacéuticos. También advierte de que el ensamblaje localizado y el envío por pequeños paquetes pueden hacer que ciertas categorías sensibles aparezcan infrarrepresentadas en las estadísticas, pese a su presencia real en el mercado ilícito.
Esto tiene un efecto muy importante en el ámbito penal. Durante años, parte de la discusión jurídica se concentró en la lesión de los derechos exclusivos del titular: el ataque a la marca, al diseño o, en su caso, a otros activos de propiedad industrial. Esa dimensión sigue siendo central, por supuesto, pero limitarnos a describir el problema solo en esos términos es hoy en día insuficiente. Cuando se falsifica un cosmético, un medicamento, un juguete, una pieza de vehículo o un componente de seguridad, la lesión se expande hacia otros bienes jurídicos: salud pública, seguridad del consumidor, confianza en el mercado y estabilidad de la cadena comercial.
Ese desplazamiento del foco —de la imitación estética al riesgo funcional— explica por qué la lucha antipiratería ha dejado de ser solo una cuestión de protección empresarial para convertirse también en una cuestión de seguridad económica y social.
El proceso penal se vuelve más complejo: ya no basta con decomisar
La sofisticación del fenómeno obliga a repensar también la respuesta procesal. En la práctica, el procedimiento penal en materia de falsificaciones no puede descansar únicamente en tres piezas clásicas: la aprehensión de producto, la pericial de autenticidad y la identificación del vendedor. Todo eso sigue siendo importante, pero ya no siempre es suficiente.
Si el negocio ilícito se organiza mediante servicios dispersos, pagos fragmentados, almacenes de tránsito, perfiles efímeros, webs clonadas o marketplaces, la investigación necesita ir más allá de la mercancía. Debe trabajar sobre patrones, intermediarios, flujos económicos y prueba digital. En otras palabras: tiene que parecerse más a una investigación de criminalidad económica organizada que a una simple reacción contra un lote de producto falso.
Este cambio de paradigma plantea, además, un desafío clásico del Derecho penal económico: probar la conexión subjetiva entre quien aparece en una fase periférica y la estructura principal. Cuanto más se externalizan funciones, más fácil es invocar neutralidad, desconocimiento o mera prestación de servicios. Y cuanto más se apoyan estas redes en plataformas transfronterizas, criptomonedas o identidades fragmentadas, mayor es la dificultad probatoria.
La gran lección: perseguir no basta, hay que anticiparse
La evolución de la lucha antipiratería no se explica solo por un aumento de las incautaciones o por mejores estadísticas. Se explica, sobre todo, porque las autoridades y los titulares de derechos han comprendido que perseguir al final del proceso ya no es suficiente.
Las medidas de monitorización activa cobran una especial importancia en este nuevo paradigma: vigilancia online, rastreo de marketplaces, identificación temprana de copias, pruebas de compra, conservación de evidencias y trabajo coordinado con intermediarios tecnológicos y logísticos.
La batalla cultural: dejar de trivializar la falsificación
Uno de los cambios más interesantes de los últimos años es que la lucha antipiratería también ha entendido que el relato importa. Durante mucho tiempo, una parte de la sociedad vio la compra de falsificaciones como una travesura comercial: una ganga, una imitación suficientemente buena, una forma de acceder a lo inaccesible. Ese imaginario banalizaba el problema y lo separaba de sus consecuencias reales.
En España, la OEPM viene desarrollando campañas de sensibilización para romper esa inercia. En 2025 lanzó la campaña “Bueno, bonito y… auténtico”, impulsada junto con el Ministerio de Industria y Turismo y difundida coincidiendo con el auge de compras del Black Friday. Según la propia OEPM, la campaña busca sensibilizar al consumidor sobre los riesgos y consecuencias de adquirir productos falsificados y promover una alternativa de compra más consciente, informada y sostenible.
Ese giro comunicativo no es accesorio. Es parte de la estrategia penal en sentido amplio. Porque una política criminal eficaz no depende solo de sancionar, sino también de reducir la tolerancia social frente al fenómeno. Si el consumidor sigue percibiendo la falsificación como algo inocuo, el esfuerzo policial, aduanero y judicial llega siempre cuesta arriba. En cambio, cuando el debate se conecta con riesgos reales —salud, seguridad, empleo, financiación de redes ilícitas, erosión del comercio formal—, la respuesta deja de parecer una defensa abstracta de derechos empresariales y empieza a entenderse como una defensa del mercado en sentido amplio.
Del vendedor al sistema: ahí está el verdadero cambio
La gran transformación de la lucha antipiratería en el mundo de la propiedad industrial puede resumirse en una frase: hemos pasado de perseguir productos a perseguir sistemas.
Antes, el centro de gravedad estaba en el objeto incautado y en quien lo vendía. Hoy, sin abandonar esa dimensión, el foco se desplaza hacia el conjunto: quién fabrica, quién suministra etiquetas o embalajes, quién canaliza pagos, qué plataforma aloja la oferta, qué operador mueve el paquete, qué red respalda la distribución, qué jurisdicción complica la acción y qué incentivos de mercado permiten que todo eso siga funcionando.
Desde una perspectiva penal, esto obliga a ajustar la mirada. Las falsificaciones siguen siendo, por supuesto, un problema de lesión de derechos de propiedad industrial. Pero también son una manifestación de delincuencia económica organizada, capaz de explotar la globalización logística, la fragmentación digital y la aparente neutralidad de ciertos intermediarios. Por eso la lucha antipiratería del presente ya no puede limitarse a decomisar y contar; tiene que mapear redes, seguir dinero, preservar prueba digital, cooperar transfronterizamente y trabajar con actores privados que antes ocupaban un lugar secundario.
En definitiva, la piratería industrial ya no es solo una historia de copias; es una historia de infraestructura criminal, de adaptación táctica y de mercados ilícitos que aprenden rápido. Y quizá ahí esté el gran reto para el Derecho penal: no llegar tarde a un fenómeno que hace tiempo dejó de parecerse a la caricatura con la que aún a veces lo describimos.
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