29 marzo 2023
Un pequeño tribunal del distrito de Hermagor, del estado de Carintia, falló a primeros de marzo a favor de varios jugadores austriacos de FIFA que demandaron en 2020 a Sony, como propietaria de PlayStation y, por extensión, de la PlayStation Store.
La demanda alegaba que los jugadores, entre ellos un menor de edad, habían “apostado” más de 400 euros en el modo Ultimate Team del videojuego de fútbol. La demanda reivindicaba que la posibilidad de gastar dinero real en el sistema de paquetes aleatorios de FIFA violaba las leyes de juego del país, y pretendía responsabilizar a Sony.
En este modo de juego, los jugadores coleccionan cartas con las que crear su equipo ideal, su “Ultimate Team”, con el que competir online contra otros jugadores. Estas cartas se pueden comprar con dinero real mediante sobres de cromos virtuales cuyo contenido es aleatorio; es decir, las conocidas como loot boxes o cajas de botín.
Según el tribunal austriaco, debido a que el contenido de las cajas de botín de FIFA tiene la posibilidad de valer monetariamente más o menos que el valor del propio paquete, ofreciendo así teóricamente un “beneficio financiero” a los afortunados que reciban un objeto de valor, infringen la Ley austriaca de juegos de azar y, en consecuencia, Sony ha sido condenada a devolver 338,26 euros a los demandantes. La empresa aún no se ha pronunciado sobre la sentencia.
Aunque la condena sea de escasa cuantía, esta sentencia puede ser una señal de la posición de Austria sobre las loot boxes y se suma a otras sentencias europeas sobre el videojuego de EA Sports. Así, FIFA Ultimate Team ha sido objeto de escrutinio en toda Europa en los últimos años con resultados diversos. Mientras que en algunos territorios, como el Benelux, se ha eliminado del juego la posibilidad de comprar estas cajas de botín, el año pasado, el más alto tribunal administrativo de los Países Bajos revocó una decisión anterior por la que se multaba a Electronic Arts (desarrolladora y distribuidora del videojuego) con 10 millones de euros por las cajas de botín.
Según la legislación holandesa sobre el juego, los controles del juego sólo se aplican si un “juego de azar” es un aspecto independiente, como una máquina tragaperras. En este contexto, las cajas de botín no se considerarían juego, ya que son un elemento aislado de un juego de habilidad más amplio; por tanto, escapan a la regulación.
En sentido opuesto, la Comisión Belga del Juego determinó que las cajas de botín vendidas a cambio de dinero real constituyen juegos de azar y están sujetas a todas las normativas y controles sobre el juego. En consecuencia, las empresas pueden enfrentarse a acciones penales por vender cajas de botín en sus juegos sin licencia.
En España, el año pasado el Ministerio de Consumo anunció su intención de aprobar “una ley específica” para regular las loot boxes de los videojuegos en lugar de introducirlo en la ya existente Ley del Juego como se pretendía hacer anteriormente.
A nivel comunitario, el pasado enero la Eurocámara aprobó una resolución con la que insta a Bruselas a legislar sobre las loot boxes y a proteger a los usuarios en videojuegos. El informe —aprobado con 577 votos a favor, 56 en contra y 15 abstenciones— pide armonizar las normas a nivel europeo para que los padres tengan una buena visión de conjunto y controlen a qué juegos juegan sus hijos, así como cuánto tiempo y dinero dedican a estos. Los eurodiputados exigen información más clara sobre el contenido, las políticas de compra dentro del juego y el grupo de edad al que van dirigidos los juegos, posiblemente siguiendo el modelo del sistema de Información Paneuropea sobre Juegos (PEGI) que ya se utiliza en 38 países.
También quieren proteger a los menores específicamente de las incitaciones a realizar compras dentro del juego y de involucrarse en el llamado gold-farming, es decir, la práctica de vender objetos obtenidos en un juego por dinero real, ya que puede estar relacionado con delitos financieros y abusos de los derechos humanos. Además, los desarrolladores de juegos deberán evitar diseñar juegos que alimenten la adicción y deberán tener en cuenta la edad, los derechos y las vulnerabilidades de los niños.
Según los eurodiputados, los desarrolladores de videojuegos también deben dar prioridad a la protección de datos, la equidad de género y la seguridad de los jugadores, y no deben discriminar a las personas con discapacidad. Los eurodiputados subrayan que cancelar la suscripción a un juego debe ser tan fácil como suscribirse a él y que las políticas de compra, devolución y reembolso de los juegos tienen que cumplir las normas de la UE por lo que las autoridades nacionales deben poner fin a las prácticas ilegales que permiten a los jugadores intercambiar, vender o apostar dentro de los juegos.
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