Como comentamos en nuestro post, desde el 15 de febrero de este año, los comerciantes establecidos en la Unión que celebren contratos de compraventa o de prestación de servicios en línea y los mercados en línea deberán someterse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.
Dicha norma, como todo reglamento comunitario, es directamente aplicable a todos los países de la Unión Europea sin necesidad de transposición a las legislaciones de los estados miembros.
El propio artículo 14 del reglamento citado establece la obligación a los comerciantes de la UE que operen online a ofrecer en sus sitios de internet un enlace electrónico a la plataforma de resolución de litigios en línea y de ofrecer un correo electrónico para que los consumidores dispongan de un punto de contacto.
Sin embargo, de momento ni España, Croacia, Luxemburgo, Polonia ni Rumanía disponen de organismos de resolución de litigios. Eso se traduce a que los consumidores no pueden presentar reclamaciones contra empresas de estos países. Por el contrario, los consumidores españoles sí pueden reclamar contra empresas de otros países de la Unión.
La plataforma se ha creado para dar más seguridad a los consumidores en sus transacciones online, proponer soluciones a la parte débil (consumidor) en caso de conflictos y evitar que en caso de que tengan problemas con un prestador de servicios tengan que acudir a los tribunales.
La norma general es que son los consumidores residentes en la Unión Europea quienes pueden presentar reclamaciones sobre productos o servicios adquiridos online ante el organismo de resolución de litigios. Sin embargo, hay algunos países donde se permite que las empresas presenten reclamaciones contra consumidores en supuestos en que se vean perjudicados.
Además de las partes, interviene un tercero intermediario (y neutral). Este es quien propondrá una solución, que podrá ser impuesta o ser el resultado de una resolución amistosa.
Como toda mediación o cualquier solución extrajudicial, los beneficios directos de la resolución de litigios en línea son el plazo y costes de la resolución, siempre en comparación con los procedimientos judiciales.
A pesar de los meses transcurridos desde la puesta en marcha de la plataforma, a día de hoy sigue estando sin explorar y todavía no tenemos constancia de la eficacia de la plataforma; en la propia página existe un apartado dedicado a las estadísticas de los procedimientos que sigue sin contenido.
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