Situación actual de los fondos Next Generation

10 julio 2022

Analizamos el momento presente de los fondos Next Generation EU, así como las dificultades, quejas y problemáticas que han generado y posibles vías para superar estos obstáculos.

10 julio 2022

Los Next Generation EU consisten en un Plan de Recuperación que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus, y en él, los dirigentes de la UE han marcado unas directrices con las que facilitar la salida de la crisis, tratando de asentar las bases para una Europa moderna y más sostenible.

España es uno de los grandes beneficiarios pues recibirá 140.000 millones de euros de estos fondos europeos y se espera que esta ayuda sea relevante e importante para las PYMEs con actuaciones orientadas a diez palancas económicas fundamentales para la transformación estructural, desde la energía a la educación, pasando por la ciencia y la industria, para un crecimiento más sostenible e inclusivo. Un 40% de los fondos serán destinados a la transición verde y casi un 30% a la transformación digital, un 10% a la I+D y un 7% a la educación y formación.

¿Cuál es la situación actual?

A lo largo de 2021, para garantizar la eficacia del Plan y asegurar la eficiencia en el desarrollo de los proyectos, los distintos Ministerios lanzaron peticiones de manifestaciones de interés. Estas consultas recogen posibles ámbitos de actuación y contribuyen a aportar una visión más amplia y plural para que el diseño de las líneas pueda tener en cuenta la diversidad y características de los posibles proyectos.

Su objetivo es lograr que las inversiones y ayudas del Plan se adecúen a las necesidades del tejido empresarial y de los ciudadanos. Se persigue que el diseño de políticas y programas públicos parta de información precisa y directa proporcionada por las empresas y los actores sociales. Se trata de una herramienta novedosa en España aunque es frecuentemente utilizada por la Comisión Europea. Hasta el momento se han publicado 31 manifestaciones de interés relacionadas con el Plan.

Gracias a estas manifestaciones, los fondos se han articulado en 12 PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), un nuevo instrumento de colaboración público-privada en los que colaboran las distintas administraciones públicas, empresas y centros de investigación. Su objetivo es impulsar grandes iniciativas que contribuyan claramente a la transformación de la economía española, estos son:

1. Desarrollo del vehículo eléctrico y conectado.
2. Salud de vanguardia.
3. Energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento.
4. Agroalimentario.
5. Nueva economía de la lengua.
6. Economía circular.
7. Industria naval.
8. Aeroespacial.
9. Digitalización del ciclo del agua.
10. Microelectrónica y semiconductores.
11. Economía social y de los cuidados.
Chips.

A fecha de redacción de este artículo aún quedarían por aprobar los dos últimos PERTE y según declaraciones de Nadia Calviño, el de los chips sería el último.

¿Cuál es la atmósfera actual?

Incertidumbre, quizás esa sea la palabra que mejor define la sensación actual con respecto a estas ayudas por parte de las empresas, tanto grandes, como PYMEs.

Las empresas reclaman al Gobierno que acelere la implementación de los Fondos Next Generation y una mayor agilidad en su tramitación, que se está viendo afectada por la excesiva burocracia. Actualmente, de los 12 PERTE comentados, sólo se han abierto ayudas específicas de “Energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento”, “Desarrollo del vehículo eléctrico y conectado” y “para la Salud de Vanguardia”.

Las empresas coinciden en advertir de que el dinero de los Fondos Next Generation no está llegando después de dos años y alertan de que con el horizonte temporal establecido por la Unión Europea existe el riesgo de que una parte de dichos fondos tenga que ser devuelta.

Por otro lado, en cuanto a las convocatorias específicas abiertas hasta ahora, lejos de generar “esperanza” o “mejor ánimo” en las empresas, han puesto de manifiesto deficiencias en la forma de articular estos fondos, incluso antes de que estas se hayan concedido, haciendo que las empresas que los esperaban no hayan hecho la buena promoción deseada de estas convocatorias, provocando mayor ambiente de desánimo, pero si bien es cierto, haciendo que las empresas que están esperando las convocatorias de los PERTE se puedan preparar a lo que viene. Coloquialmente, como todos sabemos, a veces ser el primero no es mejor, ya que eres el “conejillo de indias”. ¿De qué se han quejado mayoritariamente estas empresas?

  • Información. Una vez han salido las convocatorias, las dudas concretas sobre proyectos no eran respondidas, ya que el Organismo concesor se limitaba, o a menciones implícitas de las convocatorias, o directamente remitir al Boletín Oficial del Estado. Por otro lado, las comunicaciones se hacen en diferentes plataformas, haciendo que la información se encuentre notablemente disgregada y exige una búsqueda exhaustiva para poder estar al tanto de las novedades.
  • Los plazos de los proyectos. El Gobierno central ha fijado que las inversiones de los proyectos deben estar ejecutadas en 2025 por una cuestión burocrática, para que las ayudas puedan justificarse holgadamente y no haya problemas, aunque el límite impuesto por la Unión Europea haya sido hasta 2026.
  • Desconocimiento de las inversiones financiables. Una vez sale una convocatoria, el tiempo límite para su presentación suele rondar en un máximo de 3 semanas. En ese tiempo, articular un proyecto financiable es complejo, ya que las empresas se pueden encontrar que las inversiones previstas no encajan en la convocatoria. Sin ese conocimiento previo, articular un plan de inversiones que permita poder alinearse a estos fondos europeos es complicado, y las empresas que decidan hacerlo, quizás se vean obligadas a cambiar la estrategia de la empresa en ese corto período de tiempo.
  • Presupuestos mínimos elevados. Como se ha comentado con anterioridad, la prioridad es dar opción a las PYMEs a que puedan optar a estos fondos, sin embargo, ha habido en convocatorias en donde el presupuesto mínimo para comenzar el proyecto era de 1.000.000 €.
  • Condiciones para ser beneficiario. Por otro lado, en contra posición al anterior punto mencionado, las grandes empresas se han encontrado que para ser beneficiarios de alguna de las opciones, deben subcontratar un tanto por ciento específico de PYMEs. Otras condiciones han sido exigir convenios o condiciones como estar presentes en tres Comunidades Autónomas, entre otros detalles particulares, los cuáles en breves periodos de tiempo, sin avisos previos o planificación, se antojan complicadas de conseguir.
  • Plazos de solicitud. Aunque parece que tras lo sucedido en agosto de 2021, en donde el Gobierno dio 10 días naturales para presentación de solicitudes, los plazos se han dilatado, siguen sin ser suficientes si se debe tener que revalorar estrategias o cumplir condiciones específicas. Por otro lado, en la mayoría de los casos las ayudas tienen el llamado “efecto incentivador”, el cual exige no haber realizado las inversiones hasta el momento de entrega de solicitud de la ayuda, haciendo que éstas se estén retrasando a la espera de que la oportunidad de obtención de los fondos llegue.

Por todo eso, la queja generalizada y basada en de que el gobierno debe realizar un diálogo con el sector es coherente, y el actuar sin dicha sintonía seguirá siendo un grave error a la hora de articular los fondos. Otra conclusión se produce al analizar manifestaciones de interés anteriormente comentadas, en este caso, el Gobierno asegura que éstas han sido de gran utilidad para orientar las convocatorias a aquellas áreas en las que existen más proyectos maduros y con más garantía de alcanzar resultados, además de acelerar iniciativas e ideas que han cristalizado en proyectos concretos. Por su lado, se afirma que existe la percepción de que muchos de estos proyectos serán una realidad en los próximos años más allá de que sean finalmente financiados por el NextGenerationEU, sin embargo, no es la misma sensación del lado de las empresas, las cuales sienten que los objetivos van desencaminados a lo que realmente necesitan.

¿Qué es lo que está fallando?

Comunicación y claridad, además de sinergia entre las distintas instituciones. En líneas generales, el dinero se ha articulado de diferentes formas:

  • Los PERTEs, que movilizarán unos 30.000 millones de euros de inversión pública.
  • Las transferencias de fondos a las Comunidades Autónomas para la gestión en su territorio, que ya superan los 13.000 millones de euros.
  • Los programas gestionados por el Estado, mediante convocatorias de ayudas, licitaciones de obras u otras formas de colaboración pública y público-privada.

La idea de los PERTEs es que permitan coordinar las acciones del sector público y privado a través de todas las cadenas de valor, de forma coherente con los proyectos estratégicos de ámbito europeo. Sin embargo, como se ha comentado únicamente se han abierto convocatorias de ayudas para dos de estos proyectos estratégicos, como también es destacable lo complejo que resulta distinguir entre el anuncio de los PERTE y las convocatorias de ayudas, de forma que puedan planificarse. Adicionalmente, deben consultarse diferentes webs y la página oficial no se encuentra actualizada en el momento, reduciendo de esta forma tremendamente la posibilidad de hacer una estrategia de inversión a las empresas, así como no contribuir al aprovechamiento del ya de por sí escaso plazo del que se dispone para las solicitudes (a mayor tiempo dedicado en identificar una oportunidad, menor tiempo en su preparación).

Por otra parte, las Comunidades Autónomas juegan un papel clave para el despliegue de inversiones en su territorio. Sin embargo, las Comunidades Autónomas y otros gestores de fondos destacan también la complejidad de las convocatorias de las subvenciones, por ende la lentitud (el PERTE del automóvil eléctrico estaba aprobado desde junio del año pasado y las convocatorias no se abrieron hasta principios de 2022). Por otro lado, la falta de cogobernanza, en algunos casos, y el hecho de no poder seguir el rastro a la ejecución de esos fondos causan crispación, ya que no existen datos oficiales para conocer el gasto finalista. Asimismo, la distribución de fondos sobre Organismos otorgadores de estos, debía haber sido paralela a un aumento de personal en ellos, de forma que los expedientes de los posibles pudiesen ser revisados de forma eficiente y en tiempos cortos, lo cual parece que ya ha sido notado y se está comenzando a subsanar. Asimismo, se han encontrado con que no sólo tienen que gestionar estos fondos si no también los REACT EU para realizar reformas que ayuden a los territorios a fortalecer el estado del bienestar, blindar los servicios públicos y reactivar la economía tras el impacto de la COVID-19.

En tercer lugar, junto con los PERTE y las transferencias a las Comunidades Autónomas, las inversiones del Plan de Recuperación se ejecutan a través de programas gestionados directamente por el Estado. La estrategia ha sido nutrir de fondos y aumentar presupuestos de las convocatorias ya preexistentes y que las empresas conocen en mayor o menor medida, luego deberían ser fáciles para ellas de articular y de seguir. El problema con ellas ha sido la “letra pequeña”, la compatibilidad con otras ayudas. Como se sabe, en líneas generales la financiación pública total concedida del proyecto no podrá exceder del 80 por ciento sobre el total del presupuesto que haya sido considerado financiable. Sin embargo, se ha añadido una nueva incompatibilidad “los proyectos que se financien con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia solo podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste”, luego esta observación limita completamente el poder optar a otras ayudas del Estado (ya que todas o casi todas han ampliado presupuesto gracias a estos fondos) y exigen que las empresas distribuyan su plan de inversiones y su estrategia de cara a la obtención de financiación pública.

Por otro lado, comentando el tema de las condiciones a conseguir para la concesión de la ayuda, se encuentra el cumplimiento criterio DNSH (por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan. Hasta ahora se trataba de una autodeclaración, pero en las ayudas publicadas en 2022 ya se incluye la necesidad de un dictamen emitido por una entidad de validación acreditada por ENAC.

¿Cuáles son los peligros de los fondos Next Generation?

Está claro que la confianza en los fondos europeos Next Generation está un poco baja, animada por la falta de información en la planificación de las plataformas, ya que todo se mueve en base a rumores “parece que van a llegar en septiembre” es lo que escuchan las empresas pero nadie se lo confirma. La propia Nadia Calviño reconoció que de los poco más de 50.000 millones recibidos por España, sólo se desembolsaron el 23%, alrededor de 12.000 millones. Pero el dinero real que llegó a las empresas es incluso inferior a este porcentaje, no alcanza al 10%, porque la mitad tiene que ser distribuido a su vez por las autonomías.

Las empresas tienen la inquietud de que el dinero no vaya a llegar con el plazo suficiente para poner en marcha las inversiones al que va destinado. Por otro lado, está el hecho del miedo del sector a que los requisitos de las ayudas no se adapten a las necesidades reales o de perderse en un papeleo interminable, esto último es una barrera mayor para las PYMEs, quienes no cuentan con una capacidad de recursos humanos suficiente como para hacerse con todos los requisitos de la Administración.
El último tirón de orejas proviene del Banco de España, que esta semana publicó un boletín en el que se pone en duda la eficiencia de los Next Generation para atraer inversión privada a corto y medio plazo, cuando el objetivo del Gobierno es que se duplique el montante de las ayudas otorgadas.

¿Cómo podemos atajar estas problemáticas?

A pesar del presente poco halagador, los Fondos Next Generation son una realidad, y como se ha podido ver a lo largo del artículo, falta mucho por repartir a pesar de que muchas empresas, en su mayoría PYMEs, insisten que ya se han otorgado.
La anticipación será la baza de valor con la que las empresas podrán optar para poder conseguir con éxito la solicitud de convocatorias:

  • Se debe tener claro el plan de inversiones y estrategia de la empresa para poder encajarlo a las susceptibles convocatorias de financiación.- Conocer bien los procedimientos para acceder a estos fondos.
  • Elaborar proyectos que sean elegibles, no generar proyectos exclusivamente para optar a los fondos, hacer de estas subvenciones un medio y no un fin.
  • Estar en contacto con las Administraciones Públicas, consiguiendo de esta forma estar lo más enterado posible de cuándo saldrán las posibles convocatorias.

Estos cuatro puntos, aunque breves, son esenciales, sin embargo, no son fáciles de conseguir para todas las empresas, exige una necesidad de inversión de tiempo de personal interno, dejar sus quehaceres para poder estar correctamente actualizado, de forma que se consiga la anticipación necesaria. Esta transformación conlleva la necesidad de contar con un asesoramiento jurídico, técnico y económico especializado que conozca las novedades sobre estos Fondos Next Generation; una ayuda que pueda ayudar para la organización de los actores internos de la empresa, en función de sus necesidades y de contar con una comunicación interna con la administración.

Desde H&A contamos con un equipo que puede ir de la mano con las empresas y colaborar con ellas para la obtención de estas ayudas, las cuales a pesar de que parece que no aterrizan, llegarán a las empresas (esperemos que a partir de este verano).

 

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H&A CUMPLE 40 AÑOS

Defendiendo el valor de lo intangible, aquello que nos hace únicos.

Esther Zugasti

Vicent Siurana

Director Operaciones de H&A IDIIngeniero Industrial

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